PAMI cuenta con cinco residencias de larga estadía propias, y por convenio, tiene contrato con otras 563 que son privadas, donde viven un total de 21.861 personas.
Las residencias se encuentran supeditadas a las normativas jurídicas provinciales y municipales, que son las encargadas de auditar su correcto funcionamiento.
La jurisdicción local es quien interviene y resuelve de modo definitivo, según las características de cada residencia y el cuadro de situación que evalúen las autoridades sanitarias, los pasos a seguir ante cada caso particular.
Es fundamental tener presente que son las jurisdicciones las que determinan los traslados. Y aunque PAMI no tiene gobernabilidad sobre las residencias prestadoras, frente a un caso sospechoso de COVID-19 pone a disposición del gobierno provincial y/o municipal todos los recursos necesarios para la prevención, aislamiento y traslado como así también para tareas de limpieza, higiene y desinfección integral del establecimiento.
En este difícil contexto, PAMI trabaja de manera conjunta e interdisciplinaria con todas las áreas internas del Instituto así como con los gobiernos provinciales y municipales para cuidar y preservar la salud de todas las personas afiliadas.
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